EL FUTURO DEL CHAVISMO
Ewald Scharfenberg, El País, España
“Aquí hay una sola transición y empezó ya hace por lo menos seis años y la decretó el presidente Hugo Chávez”, dijo el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
la noche del jueves a su regreso de Cuba, durante una inspección a la
planta caraqueña de Fama de América, una marca tradicional de café
expropiada por el Gobierno en 2009.
Con la declaración, en la que aludía a la proclamación en 2006 de la
vía socialista por parte del líder revolucionario, Maduro salía al paso
de las versiones que pululan en las redes sociales sobre la gravedad del
estado de salud de Chávez, hospitalizado desde el 11 de diciembre en La
Habana. De ser ciertas esas versiones, Chávez no estaría en condiciones
de asumir el próximo 10 de enero su tercer mandato presidencial, para
el cual resultó elegido el pasado 7 de octubre. “En nuestro corazón lo
sentimos, más temprano que tarde vamos a ver a ese comandante, Hugo
Chávez, en su patria”, refutó Maduro.
Pero apenas un par de horas después del auto de fe de Maduro, el
ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en un escueto
comunicado leído a toda prisa y difundido de forma obligatoria en todos
los canales de radio y televisión, se limitó a confirmar que esa misma
noche del 3 de enero, el comandante Chávez seguía enfrentando “una
insuficiencia respiratoria que requiere (…) un estricto cumplimiento del
tratamiento médico”.
Que a tan solo siete días de la fecha establecida por la Constitución
para el inicio del Gobierno los portavoces oficiales confirmaran que
Chávez se mantiene en esa delicada fase se interpretó como parte de un
libreto de preparación paulatina para una ausencia del presidente el 10
de enero.
De momento, solo hay tres hechos incontrovertibles para analistas y
ciudadanos: que Chávez es el presidente vigente de la república como el
presidente electo para el período 2013-2019; que Chávez manifestó
públicamente el 8 de diciembre su voluntad de que, en caso de que no
pudiera presentarse a la asunción presidencial y se debieran convocar
nuevas elecciones, se tenga a Maduro como candidato bolivariano; y que
el 10 de enero es la fecha de inicio del nuevo periodo, según lo
establece la Constitución.
A partir de allí reinan las discrepancias. Algunos suspicaces llegan a dudar hasta de la propia enfermedad presidencial.
La Constitución venezolana prevé los mecanismos y tiempos en caso de
que el primer mandatario nacional no esté en capacidad de asumir sus
funciones, bien sea por una falta temporal o por una falta absoluta. La
redacción del artículo 233 sugiere que para el presidente electo solo se
prevé el caso de falta absoluta, en tanto no podría ausentarse de un
cargo que, en rigor, nunca ocupó. Pero por estos días abundan
controversias al respecto entre abogados y políticos, empantanados en la
lectura entre líneas de un texto constitucional no siempre explícito y
que omite la respuesta a la pregunta principal: ¿Qué ocurre cuando el
presidente electo, inasistente a su juramento, es el anterior presidente
en funciones, reelecto, y que cuenta, por razones de salud, con un
permiso ilimitado para ausentarse de su cargo emitido el 10 de diciembre
por la Asamblea Nacional?
La pregunta basta para describir cuán inédita resulta la situación
para la precaria institucionalidad venezolana, a la vez que abre margen
para la negociación política. Al menos dos recursos de interpretación de
los artículos correspondientes se estudian en la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia. Su veredicto se debe conocer en breve.
En fuentes judiciales se especula que la decisión se apoyará en un
caso anterior revisado en 2005 por el tribunal, cuya Sala Electoral
estipuló que “la negativa de hacer entrega de la dirección de una
institución a sus sucesores electos (…) podría traducirse en un
cuestionamiento a la validez de un resultado electoral”. La
interpretación de la jurisprudencia abriría un compás de espera para un
eventual retorno de Hugo Chávez. Pero en cualquier caso, el Supremo
buscaría acomodarse a lo que haya determinado el comité político de
transición que, de hecho, se constituyó estos primeros días del año en
La Habana.
En el campo político parece predominar el consenso en declarar la
falta temporal del presidente Chávez: es lo que convendría a la
oposición y a un ala del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero supondría para el oficialismo el riesgo de malbaratar su actual racha electoral, tras dos victorias consecutivas el 7 de octubre y el 16 de diciembre.
Un acuerdo de la Asamblea Nacional en ese sentido permitiría aguardar
hasta 180 días la vuelta del mandatario antes de convocar elecciones de
forma definitiva, el tiempo necesario para que Chávez se recupere o la
ciudadanía se haga a la idea de su ausencia. Pero es un tiempo en el que
el Gobierno, sea cual fuere, tiene que abordar temas críticos de
gestión, incluyendo una posible devaluación.
La transición y sus modalidades se dirimen dentro del chavismo y
entre dos de sus líderes: el vicepresidente Maduro y el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Uno fue ungido como heredero por
Chávez. El otro con toda probabilidad será ratificado hoy al frente del
Parlamento y quedará, así, destinado a ocupar la presidencia interina de
la república mientras se celebran elecciones. El segundo ha aceptado
interpretar, en la narrativa oficial del venidero Gobierno colegiado, el
papel de villano —ex militar, amigo de empresarios, líder de un sector
desarrollista, rudo y mal hablado—, mientras el primero pasa por el diplomático y espiritual del dúo, seguidor del culto hindú de Sai Baba.
Pero este jueves ambos volvieron juntos de Cuba y se mostraron así en
la empacadora de café. Declararon su lealtad a Chávez. Y no dejaron de
subrayar sus críticas a los medios independientes e internacionales a
los que acusan de “miserables” y de participar en una conspiración
contra el Gobierno de Venezuela. Ayer la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones anunció sanciones contra una emisora de televisión y
dos de radio en Caracas que no habrían transmitido la alocución del
ministro de Comunicación e Información, mientras el presidente del
organismo, Pedro Maldonado, pedía a los medios una “estricta observancia
de los principios constitucionales y legales” en su cobertura sobre la
salud de Chávez.