Venezuela vivirá hoy la puesta en escena de un nuevo capítulo de su interminable polarización. La oposición se ha planteado llenar las calles Caracas, la capital, con una caminata que partirá de varios sectores y se concentrará en su coto natural, el este de la ciudad, para exigir al Consejo Nacional Electoral que apure el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno, mientras tanto, también ha decidido salir a la calle en un esfuerzo por contrarrestar una imagen multitudinaria que confirme el rechazo a su gestión que anuncian las encuestas, y agitando las banderas de un supuesto golpe de Estado, un clásico del chavismo cuando la crispación aumenta en la nación sudamericana.
El gobierno ha organizado operativos de venta de alimentos regulados, escasos debido a las condiciones que impone su modelo económico, y ha anunciado “la toma de Venezuela”. Se espera que ese día sus simpatizantes se presenten en las plazas públicas y las vías en todas las ciudades. Los funcionarios más leales a Maduro han reiterado las amenazas de despedir a altos cargos de su administración que con su firma respaldaron la salida anticipada de Maduro.
El sábado el gobierno dio muestras de que parece tomarse muy en serio la protesta del jueves. En la madrugada el Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpió en la casa de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y número tres del partido Voluntad Popular, la formación que lidera el celebérrimo opositor Leopoldo López, para ejecutar una orden de un tribunal de suspender la medida de arresto domiciliario. Horas después el Ministerio de Justicia aseguró en un comunicado que había descubierto que Ceballos, uno de los líderes de las violentas protestas del primer semestre de 2014, tenía planes de fugarse para coordinar “actos violentos” en la clandestinidad a partir del 1 de septiembre. Ceballos ha sido recluido en un penal del centro de Venezuela.
Parte de la más alta dirigencia de la formación de López -el alcalde David Smolansky y los diputados Luis Florido y Freddy Guevara- también está amenazada con cárcel, según denunció en Twitter el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. El régimen está convencido de que Voluntad Popular impone al resto de la oposición las condiciones para convertir una protesta como la del jueves en la excusa para derrocar a Maduro. Florido, que es también presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, ha asegurado que el gobierno tiene planes de criminalizar la llamada “toma de Caracas”.
El PAIS, ALFREDO MEZA, Caracas.
